miércoles, 29 de agosto de 2012

Nuevo proceso de paz en Colombia?

Hace dos noches, el presidente Juan Manuel Santos confirmó publicamente lo que se rumoreaba desde hace varios días: la apertura de "conversaciones exploratorias" con las FARC.

Muchos colombianos se han quedado muy ardidos por el recuerdo de las conversaciones del Caguan entre el gobierno Pastrana y las FARC entre 1998 y 2002, en las cuales las fuerzas armadas colombianas tuvieron que evacuar un territorio selvático de más de 42.000 km2, permitiendo la consolidación de esta guerrilla; por lo tanto, miran con  gran desconfianza estos acercamientos. Para tratar de aquietar esta desconfianza, el único compromiso concreto que anunció Santos en su declaración fue que "se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional”. Esto significa: no habrá zono de despegue. De otra manera, la opinión pública no lo hubiera aceptado.

Para comenzar, una evidencia: la relación de fuerza actual entre las dos partes es totalmente diferente a la de 1998: entoncés, el ejercito colombiano estaba desmoralizado y retrocedía en todas sus frentes: tenía más de 500 hombres prisioneros de las FARC, las cuales no dudaban en concentrar sus tropas para atacar bases militares; entre civiles y militares, la guerrilla mantenía más de 3000 personas como rehenes; su objetivo proclamado de derrocar el gobierno y tomar el poder ya parecía alcanzable. Finalmente, una situación en la cual las FARC no tenían ninguna motivación real para buscar la paz, en un momento en que la victoria les parecía al alcance de la mano.

Hoy, en 2012, y después de 8 años de acción exitosa del gobierno uribista, la situación es radicalmente distinta: las FARC han sido arrinconadas en las zonas más selváticas y poco pobladas, las mismas que ocupaban hace 20 o 30 años; varios de sus principales jefes han muerto en operaciones realizadas por el ejército; sus efectivos han disminuido de más de la mitad; su control de porciones del territorio está en fuerte retroceso, y ni el más fanático o ciego de los lideres de la guerrilla puede todavía albergar la esperanza de una toma del poder. Mientrás en 1998, el tiempo jugaba a su favor, hoy en día juega en su contra.

Sin embargo, este franco retroceso de la guerrilla no permite apostar por un pronto final del conflicto, por dos motivos: primero, es una guerrilla que todavía es rica, y lo seguira siendo mientras siga controlando una parte importante del dinero de la droga; segundo, se beneficia de la complicidad y del apoyo de los gobiernos de los dos países vecinos, Venezuela y Ecuador, lo que le permite refugiarse en sus territorios cuando la presión del ejercito colombiano es demasiado fuerte. La guerrilla no está vencida y conserva una capacidad de provocar daños, como lo demuestra la reciente ola de atentados contra las infraestructuras del país.

Por lo tanto, las premisas en que se apoya el presidente Santos para tomar esta inicitiva de diálogo parecen acertadas: de una lado las FARC pueden tener esta vez una motivación sincera a negociar, teniendo en cuenta la relación de fuerza desfavorable para ellas; y del otro lado está el hecho que, si no se negocia, pueden seguir resistiendo durante todavía numerosos años, obligando el gobierno a mantener un esfuerzo militar muy costoso para el desarrollo del país.

Todo el problema  es de saber que se va a negociar, y en que condiciones.

Santos, desde su elección, había fijado una serie de condiciones previas a cualquier  negociación, entre las cuales figuraban la devolución de todos los rehenes y el compromiso de abandonar el secuestro,  y el final de los atentados terroristas. No se le puede reprochar a Santos de no haber pactado estas condiciones, ya que formalmente las negociaciones no han comenzado. Pero me parece que la primera etapa de dichas negociaciones, cuando se abran en un mes, probablemente en Noruega, será fijar la aceptación por las FARC de estas dos condiciones como punto previo antes de adelantar cualquier otra negociación. Solo esta aceptación por las FARC (y su cumplimiento) podrá dar una garantía de que su deseo de llegar a un acuerdo es sincero.

Algunos piensan que la proclamación de un cese al fuego debería ser también una condición previa a cualquier negociación. Sería probablemente deseable, sin embargo la experiencia muestra que este tipo de cese al fuego antes de llegar a cualquier principio de acuerdo es muy fragil, y que además da oportunidades a los que desean el fracaso del diálogo para realizar acciones provocadoras incontrolables, ataques, atentados etc., cuyo objetivo es justamente el de llevar a la ruptura del diálogo al acusar a la otra parte de haber violado el cese al fuego.

Pero de mi punto de vista, lo más importante es el contenido mismo de la negociación, una vez se haya llegado a un pre-acuerdo sobre las condiciones previas (devolución de los rehenes, final de los secuestros y de los atentados terroristas).

Ya se lee, bajo la pluma de numerosos periodistas, o se oye en las declaraciones de algunos políticos, que esta negociación deberá incluir a la sociedad civil o al "movimiento social", y se habla de un orden del día amplio, incluyendo reforma agraria, política de desarrollo rural, participación política etc. Me parece que esto sería reproducir el gran "show" del Caguan, y sería la mejor manera de hundir estas negociaciones en las arenas movedizas de la cháchara inutil y de la demagogía.

Y sobre todo, me parece que el problema principal es el siguiente: ¿Cual es la legitimidad de las FARC para que se vaya a negociar estos puntos? O hablando como Hitler cuando preguntaba: "El Vaticano, ¿Cuantas divisiones?", uno puede preguntar: las FARC: ¿Cuantos votos?

En un regimen democrático, solo el apoyo popular, manifestado a través del voto, da a una agrupación  la legitimidad para imponer una política. Y hasta que se demuestre lo contrario, las FARC no parecen beneficiarse de este apoyo popular. Quizas algún día lo tenga, si logra transformarse en partido político legal, competir en elecciones libres con los demás partidos, y hacer triunfar sus tesis y su programa. Pero por el momento, no es sino un grupo ilegal que, a través de sus acciones terroristas, secuestros, boleteo etc., ha logrado enajenarse cualquier tipo de apoyo popular.

Por lo tanto, el orden del día de la negociación debe ser muy corto, y limitarse a contemplar las condiciones de desmovilización de las FARC (no hablemos de "rendición", como lo propone Uribe, ya que como lo hemos visto, no están vencidas), de su reintegración a la vida civil, de por sí muy delicada, si queremos evitar que gran parte de sus miembros se conviertan en BACRIM, de las garantías que se les puede ofrecer para que no vuelva a pasar lo que ocurrió con la Unión Patriótica, y de la posibilidad para ellas de convertirse en partido político legal, como lo hizo el M19 en 1989.

Esto es probablemente muy alejado de las expectativas de la dirigencia de las FARC y de sus simpatizantes; muchos de ellos podrán considerar que no han luchado durante 50 años para tan bajo resultado; pero lo peor sería querer llegar a un acuerdo a cualquier costo. Si las FARC se niegan a negociar sobre un orden del día limitado a estos puntos, esto demostrará sencillamente que "el fruto todavía no está maduro", y que este intento de negociación era prematuro.

Para terminar, queda el punto, quizas el más delicado de todos, del tratamiento judicial de los miembros de las FARC autores de crímenes graves. Hace algunos años (por ejemplo en la época de las negociaciones con el M19), esto se resolvía ccn una buena amnistia general, un "borrón y cuenta nueva"; hoy esto ya no es posible, por los compromisos internacionales de Colombia y su adhesión a las reglas de la Corte Penal Internacional. Y además semejante paz, obtenida sin tener en cuenta las victimas, no podrá ser una paz duradera.

Teoricamente, el marco jurídico diseñado con la Ley "Justicia y Paz", debería aplicarse; nunca se ha dicho que fuera reservado a los paramilitares, tiene en principio vocación para aplicarse a los miembros de cualquier grupo ilegal que se desmovilicen. ¿Será que los que consideraban esta ley demasiado indulgente para los paramilitares, la van a considerar como demasiado dura para los farcianos? Y sobre todo, ¿será que los principales responsables de los crímenes de las FARC van a aceptar "confesar todos sus crimenes", devolver los bienes adquiridos ilegalmente y por la violencia, y pasar hasta 8 años en la carcel? Esto parece francamente improbable.

Lo que además parece bastante criticable en el proceso de paz que se inicia, es que en ningún momento se haya debatido publicamente, como corresponde en una democracia, entre los principales partidos, para definir previamente a la apertura de una negociación, de manera clara (comosehizo por ejemplo en España para negociar con la ETA), cuales son los puntos negociables, hasta donde, y cuales los que no lo son. Esto alimenta la desconfianza de grandes sectores de la opinión pública, y hace que este nuevo proceso vaya arrancando sobre bases muy débiles.




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