martes, 4 de octubre de 2016



POPULISMO Y DEMOCRACIA: EL CASO COLOMBIANO

El resultado negativo del plebiscito celebrado el domingo pasado en Colombia tomó por sorpresa a todos los observadores, tanto colombianos como extranjeros. Aquí en Francia, de donde escribo, todos mis amigos que conocen mis relaciones con Colombia me venían felicitando desde días atrás, como si la aprobación por referéndum de los acuerdos de paz fuera un simple formalismo, y a decir verdad, la incomprensión frente a este resultado inesperada es mayúscula.

Sin embargo, las personas que siguen un poco de cerca la actualidad política internacional, deberían saber que existe desde hace varios años una verdadera "maldición del referéndum", en la cual los resultados obtenidos vienen contradecir los pronósticos más sólidos: piensen por ejemplo en el referéndum del 2005 en Francia sobre la aprobación del nuevo tratado de la Unión Europea, que decidió su rechazo; piensen también en el referéndum de este año en Gran Bretaña, por el cual se llegó sorpresivamente al "BREXIT", etc. Estos resultados inesperados son unas manifestaciones de un fenómeno más general, que se puede observar en casi todos los países democráticos del mundo: el auge del populismo, por el cual una parte creciente de los ciudadanos manifiesta su rechazo de las élites, de los "formadores de opinión" (prensa, intelectuales), y de la clase política clásica, acusada de haberse alejado de  las preocupaciones reales y concretas del pueblo.

Lo grave es que, frente a este rechazo de la clase dirigente y de las elites por el pueblo, se puede observar de manera recíproca una forma preocupante de rechazo e inclusive de desprecio de dichas elites por el pueblo. Al respecto, mi posición de observador exterior a Colombia tiene el interés de permitirme comparaciones entre lo que pasa en ese país y lo que ocurre aquí, en Francia.

La política francesa se caracteriza desde hace unos 15 años por el auge aparentemente irresistible del Frente Nacional, liderado durante muchos años por Jean-Marie Le Pen, vieja figura de la extrema derecha francesa, y ahora por su hija Marine Le Pen. A pesar de sus recientes esfuerzos para "normalizarse", dicho partido tiene todas las características para suscitar la antipatía de la "gente pensante" y de las elites intelectuales: xenofobia, racismo mal disimulado, nacionalismo exacerbado que se manifiesta en su programa proteccionista y su rechazo del extranjero… Sin embargo, año tras año, va ganando adeptos; ya superó el 20% del cuerpo electoral, y se está acercando al 30%.

Frente a este auge, la reacción de las élites políticas e intelectuales es de confundir en su rechazo tanto el partido mismo, con su ideología nauseabunda, como los ciudadanos que lo apoyan: un elector del Frente Nacional no puede ser sino un racista, medio fascista, partidario de las ideas más rancias de la ideología de extrema derecha.

Sin embargo, la realidad es muy distinta: no, el 30% de los electores franceses que vota por el Frente Nacional no está constituido por personas que adhieren a las ideas de extrema derecha; su voto traduce en realidad su amargura frente a los partidos tradicionales, tanto de la izquierda como de la derecha clásica, por los cuales se sienten abandonados e incomprendidos: la burguesía que vive confortablemente en los barrios elegantes, los "burgueses-bohemios" ("bobos") seguros de su superioridad moral e intelectual, no perciben las dificultades que conoce este pueblo de "pequeños blancos", muchas veces con un nivel educativo y cultural bajo, con ingresos declinantes, víctima del desempleo, de las deslocalizaciones y de la competencia de los países emergentes, y que además tiene que convivir con una población creciente de inmigrantes frente a los cuales tienen el sentimiento de perder su identidad. Frente a esta realidad, la peor de las posiciones que pueden adoptar las élites es la del desprecio y de la arrogancia: eso no hace sino aumentar la fractura entre estas dos categorías de la población, y empujar un porcentaje cada vez más importante de estos "olvidados" de la prosperidad entre los brazos de los partidos populistas, que les ofrecen soluciones aparentemente sencillas a sus problemas, y que por lo menos les da la sensación de haber sido oídos y entendidos.

Me da la impresión que este fenómeno, presente no solo en Francia sino en numerosos países de Europa (Gran Bretaña con el Brexit, España con Podemos, Grecia con Syriza, Alemania con la AfD) y en los Estados Unidos con Trump, se reproduce de manera casi idéntica en Colombia. Quede impresionado por el discurso dominante durante la campaña previa al Plebiscito, según el cual solo los enemigos de la paz, los guerreristas, aliados de la extrema derecha y de los paramilitares, podían estar en contra de los Acuerdos de La Habana. El debate se redujo en sus términos más simplistas, de manera muy maniquea: el partido de la paz, o sea el partido del bien, contra el partido de la guerra, o sea el partido del mal. Y claro está, toda la inteligentzia, la gente culta, pensante, los intelectuales, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, la casi totalidad de la clase política con excepción de un solo partido (el Centro Democrático) descalificado por muchos por sus tendencias autoritarias, se ubicaba del lado del bien. Y ni hablar de las reacciones desde que se conoce el resultado del plebiscito! Para los partidarios fuertemente decepcionados del Si (y entiendo perfectamente su decepción),  Colombia se estaba cubriendo de ridículo frente a la comunidad internacional; muchos expresaban su "vergüenza de ser colombiano", o sea de pertenecer a esta comunidad en la cual un poco más del 50% de los ciudadanos se habían atrevido a no seguir en campo del bien y de la paz.

Lo que me parece grave, es la ausencia de todo esfuerzo para entender las motivaciones que pudieron llevar estos ciudadanos a votar por el No, y una condena global de todos estos ciudadanos. Semejante actitud no puede tener otro resultado que aumentar aún más la profunda división de la comunidad colombiana, y la radicalización hacia los extremos. Solo un dialogo civilizado, que comienza por el abandono del discurso de descalificación de los que no piensan como nosotros, puede permitir entender las motivaciones de los que no piensan como nosotros, y emprender un proceso de acercamiento de los puntos de vista.

Lo mismo que los 30% de franceses que votan por el Frente Nacional no son unos fascistas y racistas, lo mismo los 50% y un poco más de colombiano que rechazaron los acuerdos de La Habana no son unos enemigos de la paz; como ciudadanos, merecen el respeto de los demás colombianos; con su voto, han querido expresar algo que se debe tomar en consideración: sus temores, su amargura frente a la impunidad de los responsables de las FARC, su arrogancia y su falta de contrición; quizás simplemente su rechazo del gobierno actual y de la clase política dominante.

Quizás el voto del domingo pasado es la oportunidad para que la mitad de los colombianos entable un dialogo con la otra mitad, se esfuerce por entender sus temores en lugar de descalificarlos de antemano, de manera a llegar a un verdadero CONSENSO de la comunidad nacional sobre lo que es aceptable y lo que no lo es en materia de acuerdos de paz. Mientras los colombianos sigan tan profundamente divididos y no acepten dialogar entre ellos, cualquier acuerdo de paz está condenado al fracaso.

lunes, 25 de enero de 2016

LES AGRICULTEURS ONT ENCORE FRAPPÉ!

Nous avons à nouveau assisté ces derniers jours au spectacle lamentable de groupes d'agriculteurs "en colère" bloquant des autoroutes, se livrant à des actes de vandalisme tels que l'arrachage avec leurs tracteurs des glissières de sécurité, l'épandage de fumier et autres détritus sur la chaussée, sous les yeux complaisants des journalistes, et bien souvent avec l'approbation tacite d'une grande partie de l'opinion publique.
Le commentaire qui accompagnait le reportage expliquait et en grande partie justifiait cette colère par le fait que beaucoup d'agriculteurs sont obligés actuellement à vendre leurs produits au dessous du prix de revient, ce qui, dans l'esprit de beaucoup d'auditeurs, est effectivement un argument définitif: si nous payons si cher au supermarché des produits dont le prix ne permet pas au producteur de vivre décemment, c'est bien évidemment parce que des intermédiaires s'en mettent plein les poches: les grossistes, la grande distribution, donc "les gros" contre "les petits".
Ces agriculteurs prenaient donc tranquillement en otage les milliers d'usagers de l'autoroute, et il a fallu attendre le lendemain pour que la police finisse par la faire évacuer, sans d'ailleurs que cela permette la reprise immédiate du trafic, puisqu'il nous fut annoncé qu'un certain délai serait nécessaire pour réparer les dommages causés par les manifestants et rendre la chaussée à nouveau praticable. Ce que l'on ne nous dit pas, et qui parait fort douteux, c'est si des poursuites seront engagées contre ces agriculteurs, qui sont très facilement identifiables (l'immatriculation des tracteurs était visible aux yeux de tous dans le reportage); je dis que c'est fort douteux, car si des poursuites étaient engagées, cela entrainerait immanquablement de nouvelles manifestations de soutien aux agriculteurs poursuivis.
Il me semble qu'un tel incident, qui n'est évidemment pas un évènement isolé, peut nous amener à faire deux types de réflexions, dans le domaine économique et surtout dans celui du respect de l’État de droit.
En matière économique, l'indulgence, pour ne pas dire la complicité, que démontre la plus grande partie de l'opinion publique à l'égard de ces manifestations répétées d'agriculteurs, révèle, comme cela est si fréquent en France, une ignorance ou un rejet des mécanismes les plus élémentaires de l'économie: si le prix du marché est inférieur aux coûts de production, c'est soit parce que nous sommes dans une situation de surproduction, soit plus probablement parce que les producteurs (ou au moins CERTAINS producteurs, ceux qui manifestent), ne sont pas capables de produire à des prix compétitifs, et cela alors notre agriculture figure parmi les plus aidées et subventionnées du monde; s'il y a sur le marché de la viande de porc offerte à un certain prix, c'est très probablement parce qu'il y a, dans d'autre pays (en Allemagne, en Espagne), et très certainement aussi en France, des producteurs qui y trouvent leur compte, parce qu'ils ont un meilleur outil de production, de meilleures conditions d'approvisionnement pour les matières premières qu'ils utilisent etc. ; si les producteurs de tomate ou de pêches français ne peuvent pas soutenir la concurrence avec ceux d'Espagne ou du Portugal, c'est parce que ces derniers ont de meilleures conditions climatiques, des coûts de main d’œuvre moins élevés; et ce n'est pas en interceptant les camions chargés de fruits espagnols pour détruire leur cargaison, que l'on résoudra le problème; ou alors il faut dire clairement que l'on refuse de jouer le jeu de la concurrence, et sortir de l'Union Européenne, ce qui implique de rester "entre nous" et d'accepter de payer pour les produits que nous consommons des prix très supérieurs à ceux dont nous sommes bien contents de bénéficier.

Mais c'est par rapport au respect de l’État de droit que ce type d'incidents me semble particulièrement inquiétant et significatif d'un certain état d'esprit: car il ne s'agit pas d'un évènement isolé. Sans même parler des manifestations d'agriculteurs, dont la répétition lassante finit par faire que l'on n'y attache plus beaucoup d'importance, on assiste à la multiplication de situations dans lesquelles des grévistes "en colère" (comme si la colère justifiait tout) se livrent à des voies de fait à l'encontre de leurs employeurs, les séquestrent sur leur lieu de travail, se rendent coupables de destructions ou de dommages contre l'outil de travail... Il s'agit là d'actes inacceptables, normalement punis pénalement; et pourtant, la réaction de la société à l'égard de ces comportements n'est pas à la mesure de la gravité de ces comportements: non seulement, là encore, une bonne partie de l'opinion publique est prête à leur trouver toutes sortes d'excuse, mais encore, dans les rares cas où la justice s'empare de ces affaires et prétend prononcer des sanctions pénales, au demeurant fort légères, à l'encontre des responsables, on assiste à une véritable levée de boucliers des organisations syndicales, appuyées par une bonne partie des partis de gauche: voir les cas récents des salariés d'Air France coupables de violences contre leur DRH, ou de ceux de Goodyear coupables d'avoir séquestré deux cadres de leur entreprise pendant 30 heures. Voir également les manifestations d'écologistes, destructeurs de cultures d'OGM ou "zadistes" de Notre Dame des Landes.

Il semble ainsi que pour une bonne partie de l'opinion publique, l'utilisation de la violence contre la personne ou contre les biens soit devenue un comportement parfaitement admissible pour faire triompher ses revendications dans les conflits sociaux; l'argument souvent utilisé est que cette violence ne fait que répondre à la violence de l'adversaire: celle du patron dans l'entreprise, celle de la chaine de grande distribution dans les conflits paysans. Mais il s'agit là d'une fausse symétrie; dans un État de droit, dans une société démocratique et civilisée, il existe toutes sortes de mécanismes permettant de résoudre les conflits de façon pacifique, à travers la négociation, le dialogue social, la médiation ou la conciliation, et lorsque cela est nécessaire, l'intervention du juge. Si l'on commence à admettre que chacun a le droit de se faire justice chaque fois qu'il estime ses intérêts lésés et qu'il est "en colère", l’État de droit n'est plus qu'une fiction, et on accepte que  triomphe celui qui crie le plus fort ou qui sait mettre l'opinion publique de son côté.

Il ne s'agit pas de refuser à chacun le droit de manifester ses opinions, mais à condition que cela se fasse dans le respect des règles de droit et sans recours à la violence; dans le cas contraire, il est du devoir de la puissance publique de réprimer sans contemplation de telles manifestations qui mettent en péril les règles les plus élémentaires de la vie dans une société civilisée.

martes, 19 de febrero de 2013

De l'égalité entre homos et hétéros

L'un des arguments les plus utilisés par les partisans du "mariage pour tous", est que c'est une question d'égalité: la loi actuelle, en interdisant aux seuls homosexuels l'accès au mariage, qui est autorisé à tous les autres, romprait ce principe d'égalité qui constitue l'une des valeurs centrales de notre république, et constituerait une discrimination insupportable à l'égard de la communauté gay. Et bien entendu, le rétablissement de l'égalité de tous, homos et hétéros, face au mariage, devrait logiquement s'accompagner d'une même égalité devant le "droit à l'enfant".

Il me semble qu'il y a là un raisonnement particulièrement pervers, qui révèle une conception complètement faussée des notions d'"égalité" et de "droit".

L'égalité, qui est l'un des trois termes de notre devise républicaine, est certainement l'une des valeurs auxquelles les français sont le plus viscéralement attachés; la Révolution Française, beaucoup plus que sur l'idéal de Liberté, fondamental dans la révolution américaine, s'est faite sur le rejet des privilèges dont bénéficiaient la noblesse et le clergé, et dont était exclu le reste de la population.

Il est donc d'une suprême habilité, de la part des partisans du mariage gay, de fonder leur revendication sur la valeur d'égalité. Qui, en France, pourrait s'afficher contre une telle revendication? Qui, sans paraitre profondément rétrograde et homophobe, pourrait refuser aux seuls homosexuels un droit (à se marier) dont bénéficient tous les autres citoyens?

Tout d'abord, observons que ce droit ne leur est nullement refusé. Le code civil ne s'interroge pas sur les préférences sexuelles des candidats au mariage, et ouvre donc la possibilité de se marier à toute personne... à condition qu'elle se marie avec une personne du sexe opposé.

Mais surtout, il faut s'interroger sur la signification juridique, et au delà, philosophique, du concept d'égalité. En effet, celui-ci ne signifie pas que toute personne, quelque soit ses caractéristiques propres, ait le droit d'accéder à toute fonction ou d'exercer toute activité. En effet, certaines fonctions, certaines activités, exigent de la part de celui qui les exerce des qualités particulières, que tout le monde ne possède pas obligatoirement. C'est ainsi que des fonctions impliquant certaines caractéristiques physiques (taille minimum, degré d'acuité visuelle ou auditive etc.) peuvent être fermées aux personnes ne présentant pas ces caractéristiques, sans que cela constitue une discrimination violant le principe d'égalité. Le principe est donc qu'il doit exister une égalité entre toutes les personnes se trouvant dans des conditions identiques, mais que ce principe ne peut pas s'appliquer aux personnes ne remplissant pas ces conditions.

Toute la question est donc de savoir si deux personnes d'un même sexe remplissent les conditions nécessaires pour se marier, c'est à dire pour adhérer à une institution dont le but primordial est d'offrir un cadre juridique aux enfants nés de cette union.

On pourra tordre la réalité dans tous les sens, il n'en restera pas moins qu'un couple homosexuel ne remplira jamais les conditions nécessaires, puisque par nature ils n'ont pas la possibilité de "fabriquer" des enfants.

Il n'y a donc dans leur cas aucune rupture du principe d'égalité, aucune discrimination attentatoire à leurs droits. Il y a simplement la reconnaissance du fait qu'un couple d'homosexuel ne pourra jamais présenter l'une des qualités essentielles pour se marier: la faculté de procréer.

Quant au "droit à" avoir des enfants,  la question qui se pose avant tout est de savoir si ce droit existe.

Alors que les premières déclarations des droits de l'homme consacraient des "droits de" (droit de penser, d'exprimer ses opinions, droit de pratiquer la religion de son choix etc.), les déclarations plus récentes ont multiplié les "droits à": droit au logement, doit au travail, droit à la santé, à l'éducation, à la culture.

On peut d'ailleurs se poser quelques questions sur la multiplication de ces "droits à", qui se heurtent souvent au principe de réalité (qui, et avec quelles ressources, va les garantir?); cependant, quelque soient les excès commis en la matière, je n'ai jamais vu, dans aucune déclaration, exposé le droit à avoir des enfants.

Ce qui en revanche est garanti, notamment dans la Convention internationale sur les droits de l'enfant de 1989, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit prévaloir sur toute autre considération, y compris le désir que peut avoir un couple, hétéro ou homosexuel, d'avoir un enfant.

Ce  "droit à" avoir un enfant est donc une pure invention, et la puissance publique n'a aucune obligation de garantir ce prétendu droit à tous les couples qui ne parviennent pas à satisfaire leur désir de paternité (et encore moins de financer le coût qu'aura fatalement sa satisfaction).

Cela n’empêche évidemment pas tous ces couples qui ne parviennent pas à avoir des enfants par des voies naturelles, de développer des "stratégies de contournement" de la nature: adoption, procréation médicalement assistée, et dans certains pays, gestation pour autrui.

Toutes ces stratégies font qu'effectivement, actuellement, il existe un nombre (difficile à évaluer mais non négligeable) d'enfants qui grandissent et sont élevés par des couples homosexuels: cas par exemple de pères ou de mères qui, s'étant séparés de leur conjoint avec qui ils ont procréé leurs enfants, se mettent en couple avec une personne du même sexe et obtiennent la garde de leurs enfants; cas également d'adoption par des célibataires qui se sont bien gardés de révéler, au moment de l'adoption, qu'ils étaient homosexuels.

Il me parait donc légitime que la loi s'efforce de donner un statut à ces enfants, ainsi qu'au conjoint qui les a élevés avec son compagnon (sa compagne) et qui ne dispose actuellement d'aucun droit.

Cependant, une chose est que la loi prenne en compte ces situations de fait, et les règle dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et une autre très différente est qu'elle autorise à ce que l'on place de façon délibérée des enfants dans une situation de fils ou fille d'un couple homosexuel.

En effet:
- ou bien il s'agira d'enfants adoptables, pour lesquels les organismes qui gèrent l'adoption reçoivent un nombre de candidatures, de couples hétéro ou homosexuels, très supérieur à celui d'enfants adoptables. Et dans ces conditions, on a du mal à imaginer que ces organismes puissent considérer que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de choisir un couple homosexuel, de préférence à un couple hétérosexuel
- ou bien il s'agira d'enfants non nés,et qui n'ont aucune chance de naître tant que la loi n'autorisera pas l'intervention d'une tierce personne, de sexe opposé à celui du couple homosexuel, pour apporter la gamète manquante.

Et dans ce cas, l'enfant qui naitra comme résultat de ces procréations médicalement assitées, cumulera un double handicap:
- celui de l'inconnue sur ses origines réelles. Car bien entendu, l'enfant ne sera pas dupe: il saura parfaitement que derrière ces deux hommes ou ces deux femmes qui seront, selon l'état-cil, ses parents, il y aura toujours une tierce personne, l'homme qui aura donné son sperme ou la femme qui aura loué son ventre. Faudra t'il alors lever l'anonymat actuellement en vigueur en France pour les dons de sperme? Faudra t'il inventer un état-civil encore plus baroque et contraire à la nature, dans lequel l'enfant aura non pas deux mais trois parents?
- celui qui, malgré les affirmations optimistes des partisans du mariage gay, frappera inévitablement l'enfant, dans ses années d'école, lorsqu'il lui faudra expliquer à ses camarades qu'il n'a pas, comme l'immense majorité d'entre eux, un papa et une maman, mais deux papas ou deux mamans. On nous dit que peu à peu cela deviendra parfaitement naturel, mais en attendant, que de moqueries, de sous-entendus...

C'est bien pourquoi je persiste à penser que, lorsque l'on est disposé à mettre de façon volontaire un enfant, qui n'a pas demandé à naitre, dans une telle situation, on pense beaucoup plus à satisfaire la revendication idéologique d'une égalité absolue entre couples homosexuels et hétérosexuels, qu'à se préoccuper de l'intérêt authentique de cet enfant, comme nous l'ordonnent les traités internationaux souscrits par la France en matière de droit des enfants.





miércoles, 30 de enero de 2013

Philippe Muray et l'homophobie


Je ne résiste pas au plaisir de reproduire ci-dessous in extenso une note  figurant à la page 586 du livre du merveilleux Philippe Muray, "Après l'Histoire", Tel Gallimard, 2000, sur laquelle je viens de tomber par hasard. Cette trouvaille tombe à pic aujourd'hui 29 janvier 2013, le jour où s'ouvrent précisément les débats à l'Assemblé Nationale sur le projet de loi instaurant le "mariage pour tous".


Ce texte a été écrit en novembre 1999, soit peu de temps après l'adoption de la loi sur le Pacs, et de façon prémonitoire, Muray ajoutait: "Vous avez avalé, en leur temps, et après avoir regimbé quelques minutes, les nouvelles techniques de fécondation assistée. Bientôt, vous souscrirez au clonage, qui vous fait tant criailler aujourd'hui. Et, comme vous digérez en ce moment le Pacs, demain vous acquiescerez aux familles homoparentales, à l’euthanasie obligatoire et à tout ce que nous ordonnerons au droit d'enregistrer en lui remontrant que le bon sens, déjà, l'approuve". Effectivement, 14 ans plus tard, nous y sommes.

Ce qui me parait particulièrement lucide, dans le texte de Muray, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'intolérance a changé de camp. Il est totalement faux d'affirmer, comme le prétendent les partisans de la nouvelle loi, que l'homophobie menace, qu'on la retrouve s'exhibant sans honte dans la campagne menée actuellement par les opposants au mariage homosexuel. Je suis au contraire frappé par la modération des propos de ces opposants et par leur soucis d'éviter de renouveler les erreurs commises à l'époque du débat sur le Pacs. Bien sûr, on ne pourra jamais éviter que ne surgissent quelques groupes extrémistes, tels que les chrétiens intégristes de Civitas, mais la vérité oblige à reconnaitre qu'ils sont totalement minoritaires.

En revanche, tout le discours adopté par les pro-mariage gay consiste à disqualifier d'avance leurs opposants, en les accusant de ringardise, de conservatisme, d'homophobie, en parlant à leur propos de "droitisation" des esprits, ce qui est évidemment le pire des péchés. Une fois cette disqualification effectuée, il n'est même plus nécessaire de répondre aux arguments de ces opposants par d'autres arguments; on ne se situe pas sur le terrain du débat d'idées, on utilise l'invective pour exclure tout débat.

En ce sens, cette police de la pensée que nous annonçait Muray, et que continue de dénoncer Élisabeth Lévy, fonctionne avec une efficacité croissante. Tout ce qui n'est pas politiquement correct doit être impitoyablement pourchassé, dénoncé, et si possible pénalisé grâce à la multiplication de ces lois qui nous disent ce qu'est la vérité officielle et nous condamnent à de lourdes sanctions si nous disons autre chose que cette vérité.

viernes, 23 de noviembre de 2012

SPORT ET DOPING: une gigantesque hypocrisie

Une fois de plus, avec la récente condamnation de Lance Armstrong et l'annulation de ses sept victoires du Tour de France, nous sommes abreuvés d'articles et de commentaires débordant de bons sentiments, insistant sur la croisade qui doit être menée pour lutter contre le doping. Il s'agirait selon ces articles d'une lutte qui doit être poursuivie sans relâche pour éliminer les quelques brebis galeuses qui déshonorent leur sport et redonner à la pratique sportive sa pureté originelle.

Le summum de cette vertueuse indignation est atteint dans le long article que consacre au sujet le Nouvel Observateur du 15 novembre 2012 sous le titre: "Qui a couvert Lance Armstrong? En France, tant de gens savaient", où le texan est pratiquement assimilé à un chef mafieux digne des pire narcotrafiquants colombiens, régnant par la terreur sur le "milieu" du cyclisme.

Ce parallélisme entre drogue et doping n'est pas anodin: on retrouve dans les deux cas le même moralisme puritain, la même affirmation selon laquelle, le doping étant mauvais pour la santé, il doit être criminalisé, comme l'est la drogue. On retrouve également le même arsenal pénal fortement répressif, le même déploiement de moyens extrêmement coûteux et au bout du compte peu efficaces: de même que la lutte contre les drogues n'a pas fait régresser la consommation et a fait la fortune des narcotrafiquants, de même la lutte contre le dopage n'empêche pas celui-ci d´être plus généralisé que jamais, pour le plus grand profit des réseaux spécialisés dans le trafic (évidemment clandestin, puisque réprimé) de ces substances.

Finalement, dans les deux cas, on retrouve la même démarche profondément antilibérale, dans laquelle l'Etat s'arroge le droit de décider ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour les hommes, sans laisser à ceux-ci le droit de prendre leurs responsabilités, de courir leurs risques, y compris celui de ruiner leur santé. On en arrive, dans le cas des sportifs, à des règles proprement hallucinantes et ouvertement attentatoires à la liberté individuelle; savez-vous par exemple qu'un sportif de haut niveau doit toujours être joignable, afin de pouvoir à tout moment pratiquer sur lui des contrôles inopinés? Savez-vous qu'un sportif victime d'un gros rhume ne peut pas se soigner comme tout un chacun, car beaucoup des médicaments que nous consommons dans ces cas-là pourraient donner positif lors d'un contrôle?

Dans les deux cas (consommation de drogue ou doping), il s´agit d'une activité dont l'auteur ne cause de tord qu'à lui-même et non au reste de la société, tandis que la lutte que celle-ci entreprend contre ces consommations a un coût sans commune mesure avec sa faible efficacité.

En outre, si l´on prend le cas du dopage, dans quel contexte se développe-t'il? En réalité, presque exclusivement dans celui du sport de très haut niveau, qui est un sport professionnel, donc en réalité beaucoup plus un SPECTACLE qu´un sport. Dans la société hyperfestive dont parlait Philippe Muray, le sport tel qu'il nous est servi par la télévision, a beaucoup plus à voir avec les jeux du cirque de l'Empire Romain, qu'avec l'idéal humaniste du mens sana in corpore sano. Le public paie pour voir ces sportifs, et il veut en avoir pour son argent; il en veut toujours plus; ça n'intéresse personne de regarder des cyclistes se traîner à 35 à l'heure sur les routes du Tour, ni de voir le vainqueur du 100 m aux Jeux Olympiques l'emporter en 10sec 2/10.

Il y a donc une énorme hypocrisie à voir ensuite ce même public s'indigner lorsqu'il apprend que l'un de ses sportifs favoris (sans doute plus maladroit que les autres) s'est fait prendre avec de l'EPO dans le sang, ou avec quelques seringues dans sa besace. Cet homme, en se dopant, ne faisait qu'exercer sa profession du mieux qu'il le pouvait, en s'efforçant de donner à son public ce que celui-ci attend de lui. Va-t'on contrôler si l'acrobate qui s'élance de son trapèze en haut du chapiteau du cirque, s'est pris une ligne de coke pour oublier ses angoisses? Va t'on contrôler si l'étudiant s'est bourré d'amphétamines pour tenir le coup pendant ses révisions avant l'examen? Ou si l'architecte qui a travaillé 48 heures d'affilée pour rendre son projet avant ladate limite en a fait de même?

De tous temps, les hommes ont utilisé des substances dont ils pensaient, à tord ou à raison, qu'elles allaient augmenter leurs performances, physiques ou mentales. Dans la société hypercompétitive où nous vivons, cette tendance ne peut que se renforcer. Et plus encore dans le monde de ce sport-spectacle, où les intérêts financiers sont énormes, sans parler de l'exacerbation du chauvinisme auquel donnent lieu ces grandes compétitions sportives: voir le décompte des médailles par pays lors des Jeux Olympiques.

Mais, dira-t'on, les résultats sont faussés, et les sportifs honnêtes, qui refusent le doping, ne luttent pas à armes ègales avec les autres! C'est peut-être vrai, encore que l'on puisse se demander s'ils sont très nombreux, les coureurs qui pendant le Tour de France, carburent uniquement à l'eau minérale. Lance Armstrong était sans doute dopé, mais un tocard même dopé ne gagnera jamais sept tours de France.

D'ailleurs, est-on réellement sûr que le doping, consommé de façon rationnelle et contrôlée, soit si dangereux? N'est-ce pas justement la clandestinité, en laissant les sportifs de compétition entre les mains de "sorciers" qui leur administrent des doses de cheval, qui leur fait courir des risques? Ou plutôt qui leur faisaient courir des risques (du temps où Simpson s'écroulait, la bave aux lèvres sur les pentes du Ventoux, avant de décéder quelques heures après), car aujourd'hui, même dans la clandestinité, les sportifs de haut niveau sont entre les mains d'équipes complètes de médecins, soigneurs, diététiciens, qui ont appris à contrôler les doses et éviter de faire courir des risques inutiles à leur poulain.

La dépénalisation du doping entrainerait-elle sa généralisation? Certainement pas. Ce n'est pas parce que le doping ne serait plus clandestin que le sportif amateur, celui qui ne fait du sport que pour son plaisir et pour se sentir bien dans son corps, se mettrait brusquement à en consommer. Il continuera à ne toucher, comme c'est le cas actuellement, que le sportif professionnel, celui qui vit de cette activité.

Laissons donc chacun d'eux déterminer, sous sa responsabilité, les risques qu'il est disposé à courir. Arrêtons cette gigantesque hypocrisie qui consiste à condamner, quand il se fait prendre, le sportif que nous célébrons comme un héros quand il nous donne le spectacle et la part de rève que nous attendons de lui.


martes, 23 de octubre de 2012

Las FARC: ¿Cuantos votos?

Se cuenta que cuando a Hitler sus generales le llamaban la atención sobre el peligro de tener malas relaciones con el Vaticano, él les preguntaba con tono irónico: "el Vaticano: ¿Cuantas divisiones?".

Se podría parafrasear la frase de Hitler para preguntar: "Las FARC: ¿Cuantos votos?". Es en todo caso lo que deberíamos preguntarnos en el momento en que ellas pretenden ampliar de manera desmesurada la agenda de negociaciones en Oslo.

No entiendo como algunos (muchos, si se mira las columnas de opinión) pueden afirmar que si queremos negociar con las FARC, tenemos que estar dispuestos a hacer concesiones en numerosos aspectos: no solo la política de desarrollo agrario (lo cual ya fue aceptado por Santos), sino también la política minera, energética, del medio ambiente, fiscal, la estructura de las instituciones, y finalmente, el mismo modelo de desarrollo económico. En una columna de opinión, Daniel Samper establecía una lista alucinante de temas que deberían integrar la negociación, y muy lógicamente advertía, palabra mas, palabra menos: "la paz va a ser costosa, el sector privado debe estar preparado a pagar".

La primera observacion que podemos hacer es que, si nos lanzamos en esta vía, volvemos a cometer las equivocaciones del Caguan: quedaremos estancados en una negociación interminable, de varios años, sin ningún resultado.

Pero sobre todo, la pregunta de fondo es: ¿en nombre de que el gobierno legítimamente elegido por el pueblo colombiano, con su programa de gobierno, debería negociar dicho programa con una entidad, las FARC, que no dispone de ninguna legitimidad democrática? Uno puede estar de acuerdo o disentir de las políticas que lleva el gobierno actual; uno puede considerar que el país necesita una reforma agraria radical, y que la política diseñada por nuestro ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, no va bastante lejos; uno puede considerar que el modelo económico actual, acusado de "neo liberalismo", es el principal responsable de las desigualdades y de la miseria... Todas las opiniones son respetables, a condición de que se presenten y defiendan en el marco de un debate democrático.   

Hasta ahora, las FARC no han cumplido con esta condición. Mas adelante, si logran convertirse en un partido político legal y respetable, si terminan por renunciar a la "combinación de todas las formas de lucha", podrán presentar y defender sus tesis en el debate electoral, y veremos si son mayoritarias en el país (lo que parece dudoso, si se considera el poco éxito de las tesis presentadas por el Polo Democrático).

Pero por el momento, las FARC no tienen ninguna legitimidad para negociar otra cosa que las condiciones de su desmovilizacion, de su reinserción y de su eventual transformación en un partido político legal. Lo que de por si ya incluye temas bastante difíciles de resolver, particularmente el tratamiento judicial que se les debe reservar a los miembros de las FARC acusados de crímenes atroces: no se ve bien en nombre de que se debería reservar a los crímenes cometidos por las FARC un tratamiento mas favorable que a los de los paramilitares. Oímos bastante en el pasado que la ley de Justicia y Paz adoptada para permitir la reinsercion de los paramilitares era una ley demasiado indulgente, con la cual no se iba a lograr ni la justicia ni la paz: lo paradójico es que son los mismos que hace algunos años atacaban esa ley, y que ahora  piden que los miembros de las FARC responsables de crímenes atroces no vayan a pasar "ni un solo día en la cárcel".  

Todas estas dudas sobre los temas que se van a abordar en la negociación, y sobre la actitud que va a adoptar el gobierno frente a las reivindicaciones de las FARC, me llevan a preguntarme nuevamente como es posible que en un estado democrático, y con la importancia fundamental que reviste esta negociación para el país, no se haya abierto un gran debate político para decidir que es lo que se puede negociar y lo que no se puede, hasta donde puede ir el gobierno en sus concesiones, y en definitiva, que es lo que la sociedad colombiana está dispuesta a ceder para llegar a un acuerdo. Si nos referimos al ejemplo español, siempre existió una política de Estado, fruto de un consenso entre el PSOE y el PP, sobre la posibilidad de una negociación con la ETA. En cambio, en Colombia, tenemos que atenernos a lo que decida el presidente Santos, y confiar en que va a negociar pensando unicamente en el interés general y no en sus intereses electorales.

No pido que las negociaciones sean públicas (el ejemplo del Caguan nos muestra lo nefasto de un proceso de paz en estas condiciones), sino que por lo menos el pueblo colombiano sepa lo que se va a negociar, y tenga la posibilidad de expresar su acuerdo sobre las concesiones que el gobierno podría aceptar. 

domingo, 21 de octubre de 2012

Matrimonio y adopción en parejas homosexuales (II)

Pensaba haberme expresado suficientemente sobre el tema, sin embargo la publicación esta semana por la revista Le Point de una excelente entrevista de Pierre Lévy-Soussan, pedo psiquiatra y psicoanalista francés especialista de los temas de la adopción, me lleva a agregar algunos comentarios complementarios.

Lévy-Soussan tiene toda la razón en afirmar que el problema no es la educación de un niño por una pareja homosexual, sino LA FILIACIÓN, o sea el hecho de inventar una ficción tan extravagante como monstruosa de un niño nacido de dos personas de mismo sexo.

La adopcion por una pareja heterosexual también es una ficción, ya que en el nuevo registro civil de nacimiento, se indica que el niño es hijo de Fulano y Fulana, cuando a nivel biológico no lo es; sin embargo, se trata de una ficción PLAUSIBLE, muy distinta de la que se crearía con la adopción por parejas homosexuales.

Uno de los argumentos esgrimidos por la comunidad gay para exigir la legalización de la adopción por parejas homosexuales, es que en la realidad este tipo de familias ya existe, pero la ausencia de reconocimiento legal dejaría a los niños que viven en ellas en el limbo jurídico.

Es verdad que estas familias ya existen, son cada vez mas numerosas, y como lo dije en mi articulo anterior, nada permite decir actualmente que los niños criados en estas familias sean menos felices o presenten mas problemas que los que se educan en familias heterosexuales. Pero es importante anotar que estos niños saben perfectamente quien es su padre o su madre, y no se les ocurre decir que tienen dos padres o dos madres. En un articulo reciente publicado por Le Monde en el cual se presentaba testimonios de varios jóvenes educados en estas condiciones, todos hablaban de "mi madre y su compañera, mi padre y su amigo", y no de "mis dos madres, mis dos padres".

Como ya lo escribí, no se trata de impedir que jóvenes puedan ser educados en el seno de hogares homosexuales, si las circunstancias de la vida hacen que uno de los miembros de la pareja ya tiene hijos, o llega a ser padre o madre posteriormente al inicio de la unión homosexual. Lo único que no se puede aceptar, porque va en contra de las leyes mas básicas de la naturaleza, es que un  niño pueda figurar en su estado civil como nacido de "Fulano y Fulano".

Entonces, dirán algunos, ¿como resolver la situación de estos niños que viven de hecho en parejas homosexuales? De manera muy sencilla: de igual manera que yo proponía la creación de un marco jurídico para parejas homosexuales, que no se llamaría "matrimonio" (la palabra "matrimonio" queda reservada a la unión de un hombre y una mujer), se podría incluir en esta legislación, para el miembro de la pareja que no es el padre (o la madre) del  niño, la posibilidad de ejercer algunos de los atributos de la paternidad: posibilidad de transmitir su patrimonio, posibilidad de sustituirse al padre en caso de ausencia transitoria o incluso definitiva de éste, ejercicio de patria potestad...

Lo único que no se debe hacer es crear esta "quimera" en la cual algunos seres humanos serian considerados como nacidos de dos progenitores de mismo sexo.