martes, 23 de octubre de 2012

Las FARC: ¿Cuantos votos?

Se cuenta que cuando a Hitler sus generales le llamaban la atención sobre el peligro de tener malas relaciones con el Vaticano, él les preguntaba con tono irónico: "el Vaticano: ¿Cuantas divisiones?".

Se podría parafrasear la frase de Hitler para preguntar: "Las FARC: ¿Cuantos votos?". Es en todo caso lo que deberíamos preguntarnos en el momento en que ellas pretenden ampliar de manera desmesurada la agenda de negociaciones en Oslo.

No entiendo como algunos (muchos, si se mira las columnas de opinión) pueden afirmar que si queremos negociar con las FARC, tenemos que estar dispuestos a hacer concesiones en numerosos aspectos: no solo la política de desarrollo agrario (lo cual ya fue aceptado por Santos), sino también la política minera, energética, del medio ambiente, fiscal, la estructura de las instituciones, y finalmente, el mismo modelo de desarrollo económico. En una columna de opinión, Daniel Samper establecía una lista alucinante de temas que deberían integrar la negociación, y muy lógicamente advertía, palabra mas, palabra menos: "la paz va a ser costosa, el sector privado debe estar preparado a pagar".

La primera observacion que podemos hacer es que, si nos lanzamos en esta vía, volvemos a cometer las equivocaciones del Caguan: quedaremos estancados en una negociación interminable, de varios años, sin ningún resultado.

Pero sobre todo, la pregunta de fondo es: ¿en nombre de que el gobierno legítimamente elegido por el pueblo colombiano, con su programa de gobierno, debería negociar dicho programa con una entidad, las FARC, que no dispone de ninguna legitimidad democrática? Uno puede estar de acuerdo o disentir de las políticas que lleva el gobierno actual; uno puede considerar que el país necesita una reforma agraria radical, y que la política diseñada por nuestro ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, no va bastante lejos; uno puede considerar que el modelo económico actual, acusado de "neo liberalismo", es el principal responsable de las desigualdades y de la miseria... Todas las opiniones son respetables, a condición de que se presenten y defiendan en el marco de un debate democrático.   

Hasta ahora, las FARC no han cumplido con esta condición. Mas adelante, si logran convertirse en un partido político legal y respetable, si terminan por renunciar a la "combinación de todas las formas de lucha", podrán presentar y defender sus tesis en el debate electoral, y veremos si son mayoritarias en el país (lo que parece dudoso, si se considera el poco éxito de las tesis presentadas por el Polo Democrático).

Pero por el momento, las FARC no tienen ninguna legitimidad para negociar otra cosa que las condiciones de su desmovilizacion, de su reinserción y de su eventual transformación en un partido político legal. Lo que de por si ya incluye temas bastante difíciles de resolver, particularmente el tratamiento judicial que se les debe reservar a los miembros de las FARC acusados de crímenes atroces: no se ve bien en nombre de que se debería reservar a los crímenes cometidos por las FARC un tratamiento mas favorable que a los de los paramilitares. Oímos bastante en el pasado que la ley de Justicia y Paz adoptada para permitir la reinsercion de los paramilitares era una ley demasiado indulgente, con la cual no se iba a lograr ni la justicia ni la paz: lo paradójico es que son los mismos que hace algunos años atacaban esa ley, y que ahora  piden que los miembros de las FARC responsables de crímenes atroces no vayan a pasar "ni un solo día en la cárcel".  

Todas estas dudas sobre los temas que se van a abordar en la negociación, y sobre la actitud que va a adoptar el gobierno frente a las reivindicaciones de las FARC, me llevan a preguntarme nuevamente como es posible que en un estado democrático, y con la importancia fundamental que reviste esta negociación para el país, no se haya abierto un gran debate político para decidir que es lo que se puede negociar y lo que no se puede, hasta donde puede ir el gobierno en sus concesiones, y en definitiva, que es lo que la sociedad colombiana está dispuesta a ceder para llegar a un acuerdo. Si nos referimos al ejemplo español, siempre existió una política de Estado, fruto de un consenso entre el PSOE y el PP, sobre la posibilidad de una negociación con la ETA. En cambio, en Colombia, tenemos que atenernos a lo que decida el presidente Santos, y confiar en que va a negociar pensando unicamente en el interés general y no en sus intereses electorales.

No pido que las negociaciones sean públicas (el ejemplo del Caguan nos muestra lo nefasto de un proceso de paz en estas condiciones), sino que por lo menos el pueblo colombiano sepa lo que se va a negociar, y tenga la posibilidad de expresar su acuerdo sobre las concesiones que el gobierno podría aceptar. 

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